Los nuevos directivos del poder electoral de Venezuela, que organizará las votaciones presidenciales del próximo año, decisivas para zanjar la extensa crisis política del país, serán seleccionados de una lista de postulados que incluye a funcionarios, militantes y comandantes militares cercanos al chavismo.
Un comité del Parlamento electo en 2020, de amplísima mayoría oficialista, espera depurar y entregar antes del 15 de agosto a la plenaria legislativa una lista definitiva de “elegibles” al nuevo Consejo Nacional Electoral. Este lunes, se anunciaron 153 y este martes ya eran 132.
El politólogo Piero Trepiccione considera que la mayoría de las candidaturas al CNE aceptadas por la Asamblea Nacional es “extremadamente partidista” y contraria a la exigencia constitucional de un poder electoral imparcial, sin filiaciones políticas.
Trepiccione identifica una “estrategia” del oficialismo para erosionar la confianza del venezolano en el poder electoral, afectada este siglo por la descalificación de sus integrantes por parte de la oposición y la ausencia del antichavismo en algunas elecciones mayores.
“Hay una distorsión en el concepto del ejercicio de la democracia, que hace que se postulen figuras demasiado etiquetadas con los actores políticos en pugna, distorsionando totalmente el sentido que debe tener el poder electoral”, dice a la Voz de América.
La Asamblea Nacional conocerá la lista definitiva de elegibles dentro de pocos días para seleccionar de ella a 5 rectores principales del CNE y sus 10 suplentes.
Para elegir a estas autoridades del árbitro electoral, se necesitan los votos de las dos terceras partes del Parlamento. El oficialismo los tiene de sobra.
Jesús Castellanos, politólogo, dice que un listado de esa naturaleza era “totalmente previsible” por el proceso legislativo que siguió a la renuncia inesperada de 3 rectores principales del CNE electo hace 2 años y la posterior dimisión del resto de su directiva, a finales de junio pasado.
Cree que la lista refleja “la naturaleza autoritaria del régimen y la falta de institucionalidad” en Venezuela” y se deriva de una selección “asimétrica y con serias fallas técnicas” del comité de postulaciones electorales del Parlamento.
Castellanos, tanto como Trepiccione y otros analistas independientes, subraya nombres de activistas de partidos políticos, jefes o gerentes de instituciones del Estado, oficiales militares y de “muchos afectos al régimen” de Nicolás Maduro.
Tras su revisión del listado de candidatos, resalta “el número reducido de opciones con dominio técnico provenientes de la academia o de las organizaciones de la sociedad civil”.
Con perfil político y militar
Uno de los postulados con mayor perfil en el chavismo es Elvis Amoroso, un abogado y ex diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, actual contralor general del país y a quien la oposición acusa de inhabilitar política y electoralmente a líderes antichavistas.
Otro nombre destacado es el del mayor general Fabio Zavarse Pabón, que comandó la Guardia Nacional Bolivariana entre 2019 y 2021. El oficial fue sancionado por Estados Unidos, Panamá y Reino Unido por liderar violaciones a derechos humanos.
“No hay precedentes de un rector (del CNE) que provenga de las filas de la Fuerza Armada Nacional”, comentó en Twitter Rocío San Miguel, abogada y presidente de la ONG venezolana Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa.
Otro militar, el general de brigada del Ejército Guillermo César Hary, aparece entre los aspirantes a dirigir el nuevo poder electoral en Venezuela por los próximos 7 años.
Es padre de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Bárbara César, y tuvo a su cargo la dirección de los servicios generales del Ministerio de Defensa.
El PSUV dice presente
Gustavo Vizcaíno, director del ente oficial para servicios de documentación e identificación, el SAIME, también rector suplente del CNE entre 2021 y este año, se encuentra entre los candidatos a integrar el nuevo poder electoral.
El CNE estará integrado por 5 personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos".Artículo 296 de la Constitución de la República de Venezuela.
El ex ministro de Educación Universitaria, César Trompiz; el ex alcalde de Los Teques por el PSUV, Francisco Garcés; diputados de ese partido de gobierno, como Julio García Zerpa e Imad Assad; y legisladores de partidos opositores intervenidos judicialmente, como Edgar Raúl Leoni y Conrado Pérez, también se cuentan en el listado de elegibles al CNE.
Trino Ramón Gamboa, un abogado militante del PSUV; Javier Duarte, activista del PSUV en el estado andino de Táchira; y Rosalba Gil, viuda de uno de los diputados más antiguos que tenía el chavismo, Darío Vivas, aparecen entre los postulados, asimismo.
La oposición también se asoma
Entre la oposición, también existen nombres postulados al poder electoral, como Aimé Nogal, directiva nacional del partido Un Nuevo Tiempo, y el ex rector principal del CNE y el ex parlamentario de la Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Márquez.
Otros ex rectores asociados a la oposición, como Roberto Picón y Luis Emilio Rondón, también pasaron los primeros filtros del comité de postulaciones.
Ex funcionarios de ministerios y viceministerios del gobierno de Nicolás Maduro y su cancillería, así como precandidatos a alcaldías del PSUV, integran la lista.
Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral, subrayó la posibilidad de que el Parlamento permita la inclusión de nuevos postulados en las sesiones plenarias donde discutirán la composición del nuevo CNE, sin pasar por el filtro del comité de postulaciones electorales.
El chavismo permitió en 2013 que se incluyeran en los debates parlamentarios para renovar el CNE los nombres de figuras que no estuvieron incluidas en listado alguno, como Sandra Oblitas y Tibisay Lucena, que integraron y lideraron por años el poder electoral.
Castellanos, finalmente, cree que Oblitas pudiera llegar a ser un caso emblemático, a pesar de no estar en la lista preliminar.
La creía una candidata que el chavismo contemplaría, no tanto por su experiencia dentro del poder electoral, sino por su usual “comportamiento leal al régimen” y a que es percibida como cercana al poder político nacional. Esto, concluye el analista, "puede interesarle” al gobierno para desmotivar el voto opositor.
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