Un gran número de jueces migratorios aseguran sentirse "presionados" por la supuesta carga laboral, en parte, resultado de las normativas y directrices del gobierno del presidente Donald Trump, que buscan regular la migración de Estados Unidos.
"Lo que hemos visto en los últimos dos años ha sido la intensa presión que la administración ha ejercido sobre los jueces de inmigración de diferentes maneras", dijo la jueza Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés).
Según Tabaddor, la administración Trump obliga a los jueces a que cumplan con una cuota de casos lo que "dificulta hacer una revisión detallada", aumentando la posibilidad de "dar veredictos sin haber analizado (todas) las posibilidades de los solicitantes".
"Ahora, los jueces a veces programan alrededor de 100 o 120 casos en una sesión de cuatro horas y son presionados para tratar de procesar esos casos muy rápidamente", reclama Tabaddor.
"Nunca hemos tenido una situación en la que someterías a un juez a cuotas y plazos como condición para mantener su trabajo", dijo Tabaddor, asegurando que eso interfiere directamente con el juramento de los jueces a su cargo porque ahora tienen que pensar en su empleo para tomar una decisión sobre un caso.
"Entonces, los jueces han sentido que se ha vuelto muy difícil mantener su juramento y poder ser realmente jueces", dijo a la Voz de América.
Renuncias y jubilaciones tempranas
Esta situación, de acuerdo con la presidenta de la NAIJ y con otras fuentes consultadas por la VOA, influyó mucho en la decisión de varios jueces que en el 2019 decidieron renunciar o incluso solicitar su retiro laboral antes de tiempo.
Según datos brindados por la jueza Tabaddor, en el año 2017, aproximadamente 24 o 25 jueces renunciaron o solicitaron su retiro, pero para el 2019 la cifra aumentó hasta los 45 jueces.
Charlie Honeyman es uno de los que suman en esa cifra. Trabajó como juez migratorio durante 24 años, actualmente tiene 70 años de edad y el pasado 4 de enero se retiró de su cargo a pesar que aún hubiera podido seguir en su puesto. De hecho, según lo ha explicado, ese era su plan.
"Originalmente tenía la intención de servir unos años más", dice el juez Honeyman, quien asegura que hay muchas presiones, tanto en términos de volumen de trabajo como de evolución de la ley.
"No me sentía particularmente cómodo. Entiendo que, como juez, tengo que seguir la ley dentro del marco de discreción. Pero esta administración ha sido muy intensa en reducir la discreción de los jueces de inmigración" dijo Honeyman a la Voz de América.
Dice que su retiro del cargo de juez migratorio lo hizo de "mala gana", ya que realmente no quería que esta administración eligiera a su reemplazo.
"Ciertamente mucho trabajo y mucha presión probablemente no fue tan bueno para mi salud, por trabajar tan duro, pero lo hacía porque estaba comprometido con este trabajo". aseguró el juez.
Otro de los jueces consultados por la VOA, que pidió no ser identificado, también comentó que, en efecto, la carga laboral sobrepasa la capacidad de los jueces y eso influyó en su decisión de renunciar.
"Me molesta mucho", responde Honeyman, al ser preguntado sobre esta situación, y hace referencia a una entrevista que le hizo la emisora NPR, en la que habló del caso de una joven centroamericana a la que él granjeó su permiso de residencia y que ahora quiere estudiar Derecho para ayudar a otros inmigrantes
"Ella y su madre obtuvieron asilo por que el gobierno las consideró miembros de un grupo social particular de víctimas de violencia doméstica", dice Honeyman a la VOA, antes de detallar por entonces tenía el tiempo suficiente para examinar la ley y brindar un veredicto.
Esa misma libertad también le permitió tomar decisiones que terminaron en deportaciones.
"Hubo personas a las que ordené deportar que merecían ser deportadas por estar involucradas en acciones criminales, como pedófilos abusando de niños que, como resultado, no eran elegibles para la residencia permanente", sostuvo el jurista.
Más presupuesto para más jueces
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS por siglas en inglés) ha aumentado el presupuesto para poder contratar más jueces migratorios durante el nuevo período fiscal.
Su propuesta presupuestaria indica que, para el año 2021, $2.000 millones de dólares serían utilizados para seguir levantando el muro fronterizo con México y alcanzar otros objetivos de la política migratoria, entre ellos, la contratación de más jueces. A esta partida presupuestaria se destinaría un monto de $544 millones de dólares.
Pero para Tabaddor, la solución no solamente radica en aumentar el número de jueces, puesto que el problema tiene que ver con una separación de poderes que les dé a los legisladores la libertad de hacer su trabajo.
"Lo que hemos dicho es que todos estos problemas surgen de la falla estructural fundamental de tener un sistema judicial y una agencia de aplicación de la ley", aseguró.
La presidenta de la NAIJ, sostiene que la única solución para esta situación sería crear un sistema judicial real.
"Significa que se deben eliminar los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia y asegurarse de que los jueces y el tribunal sean independientes de las autoridades y políticas policiales", agregó.
Kathryn Mattingly, portavoz de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia (EOIR por sus siglas en inglés), explicó en un comunicado enviado a la Voz de América que los jueces de inmigración "se jubilan o se separan por una variedad de razones, y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración no rastrea las razones individuales de jubilación o separación".
En relación a los 45 jueces de inmigración que la NAIJ reporta que salieron de sus cargos en el 2019, el Departamento de Justicia dice que algunos de ellos "fueron ascendidos a la Junta de Apelaciones de Inmigración, retirados, separados o fallecieron durante el año fiscal 2019.
La funcionaria agregó que el número anual de jubilaciones y renuncias del cuerpo de jueces de inmigración, en general, se ha mantenido estable desde el comienzo del año fiscal 2014, entre un 4% y un 6%.
Mattingly, dijo que la agencia "planifica continuamente el abandono (de jueces), y las mejoras en el proceso de contratación".
Asimismo, añadió que "la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y el Congreso han pedido a la EOIR que establezca objetivos de finalización de casos, en particular para los casos no detenidos que constituyen la mayor parte de los casos pendientes".
La portavoz aseguró que, tras ocho años consecutivos de disminución o estancamiento de la productividad entre el año fiscal 2009 y el año fiscal 2016, la EOIR concluyó recientemente su tercer año consecutivo de aumento en la finalización de los casos en los tribunales de inmigración.
"En el año fiscal 2019, EOIR completó 275.552 casos a nivel de la corte de inmigración, el segundo total más alto en su historia, un aumento de aproximadamente 80.000 casos completados desde el año fiscal 2018, y casi el doble del número de casos que EOIR terminó hace solo tres años", dijo Mattingly en la declaración enviada a la VOA.
Por último, la funcionaria concluyó que los datos del primer trimestre del año fiscal 2020 muestran que podrían completar la misma cantidad casos, si no más, que durante el año fiscal 2019.
