El gobierno interino de Venezuela y diversas organizaciones aseguran que la aprobación de las resoluciones sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se trata de “un paso más” hacia la justicia.
Este martes fue aprobada temprano una primera resolución para el fortalecimiento de la cooperación en terreno en materia de derechos humanos en Venezuela, presentada por Irán, Siria, Turquía y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Esto incluye el trabajo de la oficina de la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet.
La otra resolución renueva el trabajo de la Misión Independiente de Determinación de Hechos del consejo sobre Venezuela, que ya presentó un primer informe en septiembre, y ahora extiende su mandato. Ambos fueron aprobados por dos años.
Miguel Pizarro, comisionado para las Naciones Unidas del gobierno interino de Venezuela, indicó que la decisión de renovar ambos mandatos permite, además de garantizar que “Venezuela se mantenga presente en el Consejo de DD.HH.”, dar un paso más “en la dirección correcta para conseguir justicia”.
El también diputado indicó que se trata del resultado de una sinergia entre “diplomacia, activismo de la sociedad civil y fuerza y valentía de las víctimas que no se han callado”
Resaltó que la segunda resolución fue respaldada por 59 países, “no se había tenido un precedente anterior respecto a Venezuela”, indicó. La resolución del año pasado, que permitió la creación de la misión, solo contó con el apoyo del Grupo de Lima, formado por poco más de una decena de países.
“Para el Consejo y los países miembro del sistema de las Naciones Unidas es muy claro que lo que se intenta hacer con las resoluciones de cooperación es una maniobra que intenta debilitar, dividir o frenar la posibilidad de que otras resoluciones fuesen adoptadas”, apuntó el comisionado.
Pizarro aseguró que el gobierno en disputa “ha perdido una importante base de apoyo con la que solía contar dentro del Consejo”.
La resolución sobre la misión, señala que su trabajo “no solamente trasciende diferencias políticas, también trasciende ideológicas".
“Que nosotros tengamos en esta resolución a España y Argentina apoyando, es un mensaje muy importante de cohesión de la comunidad internacional, y de compresión del mundo, respecto a lo que pasa en Venezuela”, agregó Pizarro.
Por su parte, Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG venezolana Provea, indicó que estas aprobaciones son “una buena noticia para las víctimas de nuestro país, que ven así más cerca la posibilidad de hacer justicia sobre las diferentes situaciones de abuso de poder”.
A su entender, ambas resoluciones ratifican la gravedad de la situación de los derechos humanos en el país, pero también la incapacidad del Estado venezolano de “investigar y sancionar a los responsables” y “detener que estas situaciones continúen ocurriendo”.
Además consideró que es una derrota la estrategia de “simulación” del gobierno en disputa al intentar convencer a la comunidad internacional que con el acuerdo de trabajo que mantiene con la oficina del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU “era suficiente”.
El gobierno ya expresó objeción en la sesión del Consejo asegurando que estaba siendo para “manipulación y politización”
El canciller Jorge Arreaza se refirió a la resolución que habla sobre la cooperación con el Estado venezolano. Agradeció el voto de los “verdaderamente interesados en que la ONU coopere en la coordinación de políticas para garantizar los derechos humanos y no que se agreda y se haga política intervencionista usando el pretexto de los DD.HH”.
Un paso para las víctimas y en el proceso de justicia
Marianna Romero, abogada y defensora de DD.HH., explicó a la VOA que la aprobación del consejo es “fundamental para poder avanzar en procesos de justicia” pues se trata, en el caso de la Misión Determinación de Hechos, de sentar las bases por si han ocurrido crímenes de lesa humanidad y establecer los responsables.
Romero expuso que este paso que se da es “un avance hacia lo que necesitan las víctimas, que es la reparación”. Indicó que se trata de un logro de las víctimas pues “son ellas quienes no han dejado de alzar su voz, a pesar de la represión, a pesar de la persecución”.
La especialista resaltó que el mandato de la oficina de la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU establece hacer seguimiento sobre el cumplimiento o no de sus recomendaciones.
De no haber cooperación por parte del Estado venezolano, queda abierta la posibilidad de la creación de una Comisión de Investigación Internacional, máxima instancia en el marco de las Naciones Unidos para investigar y avanzar en el establecimiento de acciones más concretas frente a violaciones de DD.HH.
“Ha habido por lo menos 11 Comisiones de Investigación creadas en el seno de las Naciones Unidas para casos, por ejemplo, como Siria”, recordó Romero.
El comisionado Pizarro expuso que el siguiente paso es la renovación, designación o rotación del equipo que componga la investigación para cumplir con el mandato.
(Con información de Adriana Nuñez Rabascall desde Caracas)
