La tensión entre ambos países aumentó después de que la cancillería venezolana acusara a varios ministros españoles de tendenciosos al intentar "asociar al pueblo y al gobierno de Venezuela" con el grupo separatista vasco ETA.
"Existe un profundo malestar en el gobierno español en relación con la nota de la cancillería (venezolana)", dijo el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba. "Entendemos que se vierten acusaciones inaceptables y que son injustificables".
Los tribunales españoles investigan una posible implicación del gobierno de Venezuela entre ETA y la guerrilla colombiana de las FARC.
Si bien el mandatario venezolano siempre ha negado esta relación, la administración del país se negó a extraditar a Arturo Cubillas, uno de los acusados como presunto etarra.
Según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Cubillas fue el intermediario en aquella colaboración ETA-FARC y está acusado de tenencia de explosivos y pertenencia a banda armada.
Dos etarras detenidos en el País Vasco testificaron haber sido adiestrados por Cubillas en el manejo de armas en 2008.
Cubillas declaró esta semana ante la fiscalía general venezolana por esta investigación, aunque su testimonio no trascendió al público.
Velasco citó a declarar a Cubillas el próximo 14 de diciembre de 2010 en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid. El juez cursó la citación tras recibir un poder notarial del sospechoso nombrando abogado en España, en el que figuraba la dirección de su domicilio en Caracas.
ETA, que ha asesinado a más de 825 personas desde finales de 1960 en su campaña por un País Vasco independiente de España, declaró una tregua unilateral el 5 de septiembre.