La Cámara de Representantes de Florida inició el martes un debate sobre una controversial propuesta republicana que requeriría cooperación de las agencias locales con las autoridades federales de inmigración y prohibiría las políticas de “ciudades santuario”.
La cámara baja, donde los republicanos son mayoría, rechazó varias enmiendas demócratas que pretendían debilitar la medida o establecer excepciones, como las de refugiados. La votación final podría realizarse incluso el miércoles. Una medida similar está pendiente en el Senado estatal.
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La medida obligaría a las agencias policiales locales a cooperar con las autoridades federales que ejercen las leyes migratorias en relación con las personas que son arrestadas o detenidas, en particular el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
El patrocinador del proyecto en la cámara baja, el representante Cord Byrd, dijo que la intención es prohibir las “políticas de santuario” que utilizan algunas agencias locales para proteger de las autoridades federales a los inmigrantes que viven en el país de manera ilegal. Actualmente Florida no tiene ninguna “ciudad santuario” a diferencia de otros estados. La medida también requeriría que las autoridades locales cumplan con las solicitudes de detención migratoria por parte del ICE y otras agencias federales, mismas que pueden derivar en la deportación de una persona después de su arresto.
“Si estás detenido, se puede contactar a las autoridades federales de inmigración y en ese momento se tomará una determinación sobre si las autoridades federales de inmigración tienen mayor interés en ti”, dijo Byrd. “Estamos intentando sacar de nuestras comunidades a personas potencialmente peligrosas”.
Además de forzar la cooperación con las autoridades federales, la medida permitiría la suspensión o destitución de funcionarios locales que permitan las políticas de ciudades santuario, así como imponer multas de hasta 5.000 dólares diarios por incumplimiento.
Una iniciativa similar fue aprobada el año pasado en la Cámara de Representantes estatal, pero la versión del Senado no llegó a ser votada en el pleno. Este año, la medida parece tener suficiente impulso para ser aprobada por ambas cámaras.