Un juez federal de Florida falló que dicho estado, dirigido por los republicanos, tiene capacidad legal para desafiar la política del Gobierno de Biden de liberar en lugar de detener a muchas personas que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
El juez de distrito Kent Wetherell, de Pensacola, Florida, dijo el viernes en una resolución escrita que la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de que Texas no podía presentar una demanda por una política de inmigración no se aplicaba en el caso de Florida.
El año pasado, Wetherell había impedido que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aplicara una ampliación de las alternativas a la detención de inmigrantes en espera de procedimientos de deportación, como las tobilleras y la vigilancia telefónica. Los críticos republicanos han llamado a esta política "captura y liberación".
El DHS apeló y la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos ordenó la semana pasada a Wetherell que reconsiderara si Florida estaba facultada para interponer el recurso a la vista de la decisión de la Corte Suprema, que se produjo tres meses después de su sentencia en el caso.
También lea ¿"Puertas" para entregarse en la frontera? La Patrulla Fronteriza de EEUU aclara mitos entre migrantesWetherell dijo el viernes que el caso de Texas se refería a la política del Gobierno de establecer prioridades de aplicación de la ley en la frontera, lo que implica decisiones discrecionales sobre si detener y procesar a los migrantes.
Chase Sizemore, portavoz de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, dijo: "Nos complace que la corte, una vez más, haya encontrado que las políticas ilegales de Biden están causando daño al estado de Florida, y esperamos defender nuestra victoria en el tribunal de apelaciones".
El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios.
Florida argumentó en su demanda de 2021 que las alternativas a la detención establecidas en la política del DHS provocaron un fuerte aumento del número de niños inmigrantes matriculados en sus escuelas públicas, lo que supuso una carga para los recursos del Estado, dándole legitimación para enfrentarla.
Durante los alegatos orales del mes pasado, un panel del 11º Circuito parecía dividido sobre la cuestión. Los jueces Britt Grant y Charles Wilson sugirieron que cualquier conexión entre la política y el aumento de la matriculación era especulativa y no cumplía el requisito de legitimación establecido por la Corte Suprema en el caso de Texas.
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