El gobierno de Nicaragua anunció el lunes que pondrá en marcha un programa para el “retorno voluntario y asistido” de miles de exiliados que huyeron del país centroamericano en el último año, una iniciativa unilateral que la oposición rechazó y tachó de absurda.
La cancillería indicó en un comunicado que el plan busca “garantizar y facilitar el retorno voluntario asistido, digno y humano de conformidad con el respeto a los derechos humanos”, así como “el respeto del principio de no devolución y medidas de seguridad interna”. Además, dijo contará con la asistencia técnica de la Organización Mundial para las Migraciones y que el gobierno gestionará recursos externos para su ejecución.
Sin embargo, el comunicado reconoce que el plan no tuvo el consenso de la Alianza Cívica en la mesa de negociaciones.
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El retorno de quienes huyeron debido a la violencia desatada en el país hace un año, más de 52.000 personas, la mayoría radicados en Costa Rica, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), era una de las exigencias de la oposición pero la abogada Azahálea Solís, dirigente de la Alianza Cívica, explicó que el plan oficial fue rechazado por "absurdo".
"Es ridículo pretender que los exiliados crean que el mismo gobierno que los amenazó, los persiguió, mató a sus familiares y ocupó sus casas va a velar ahora por su vida y su seguridad", dijo en declaraciones a The Associated Press.
“Este programa no hace referencia a un protocolo verdadero de seguridad para el regreso de miles de exiliados, a quienes la Policía les iba pisando los talones cuando salieron del país y cuyas casas fueron atacadas, invadidas y saqueadas por paramilitares”, aseveró.
La abogada opositora explicó que la Alianza presentó una contra-propuesta que planteaba un proyecto de retorno bajo supervisión de la CIDH, pero que esta fue rechazada por el gobierno. Ortega se ha opuesto a la presencia de la Comisión como garante de las negociaciones.
Solís considero “abusivo” que el ejecutivo “finja tener buena voluntad, cuando no ha cumplido su compromiso de liberación definitiva de presos políticos”, principal punto en esta segunda fase de diálogo. “Ni siquiera los ha trasladado de celdas y siguen en condiciones deplorables e inhumanas”, subrayó.
Además, el plan oficial para los exiliados solo cubre a las personas “que no tienen causa judicial abierta ni acusación formal de autoridad competente” a raíz de las protestas que estallaron el 18 de abril del año pasado, pero no a “los autores y/o acusados de delitos comunes, cometidos en cualquier tiempo (o) prófugos de la justicia”.
Según datos de la Alianza, al menos 160 personas que huyeron del país tienen orden judicial de captura y una de sus exigencias es que estos procesos fueran anulados.
Jairo Bonilla, un líder estudiantil que tuvo que huir a Costa Rica el año pasado, asegura que recibe diariamente amenazas de seguidores de un gobierno que solo pretende que baje la presión internacional en su contra.
“Para nosotros, como exiliados, no hay ninguna garantía de que nosotros podamos regresar y no nos llega a pasar nada”, afirmó este joven al que las autoridades de su país acusaron de actos violentos durante las protestas.
Ortega “quiere hacer aparentar que Nicaragua está normal, que Nicaragua está negociando cuando Nicaragua, cada día que pasa, están matando a más gente, están apresando más gente sin que el mundo se dé cuenta”, denunció.
La crisis actual estalló el 18 de abril del año pasado con protestas estudiantiles que se extendieron a varias ciudades del país. Según la CIDH, la represión estatal a los manifestantes dejó 325 muertos, más de 2.000 heridos y cientos de arrestados.
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