Hace un mes que entró en vigor una de las leyes más polémicas en materia de migración en Estados Unidos después de que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó la ley SB 1718, una medida para detener el flujo de inmigrantes irregulares.
La ley obliga a las empresas de más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify para certificar que los empleados tiene un estatus migratorio válido y que pueden trabajar legalmente. En caso de que las autoridades intercepten empleados sin papeles, la empresa se enfrentaría a multas de 1.000 dólares diarios, según la proclama.
Otro de los puntos que ha generado una gran preocupación, también entre los residentes legales, es que la ley contempla castigos por la vía penal para aquellas personas que transporten indocumentados hacia el estado de Florida. Se contemplan penas de 10 años de prisión para quienes transporten adultos sin papeles y hasta 15 años de prisión si hay menores.
Después de 31 días en vigor, y con el temor que causó entre la comunidad indocumentada de Florida, muchas organizaciones consideran que esta medida no hay causado tanto impacto como se esperaba en un principio, sobre todo porque este tipo de leyes son muy difíciles de aplicar.
“Algunas personas dicen que la ley está dormida, pero en realidad no es así”, comenta el activista mexicano Andrés Villa, que forma parte de la organización WeCount y vive y trabaja en Homestead, una ciudad al sur de la Florida donde una gran parte de la población está indocumentada.
Villa opina que está ley “ha provocado muchos atropellos” en muchos lugares donde predominaban las personas sin papeles, con el objetivo de “causar miedo”.
“Aquí en Homestead, la gente se mueve con cuidado y con temor porque no sabe a qué hora el enemigo los va a atacar con esta famosa ley”, dice el hombre en declaraciones a la Voz de América.
Una ley difícil de aplicar
Algunos de los legisladores que dieron luz verde al entonces proyecto legislativo que busca poner freno a la migración irregular de Florida han admitido que esta ley es muy difícil de aplicarla, pero que el objetivo detrás de ella es causar miedo entre la comunidad migrante sin papeles para evitar que lleguen al estado del Sol.
“Se supone que este proyecto de ley tiene que asustar al 100 %”, dijo el representante estatal Rick Roth durante un evento con pastores del sur de la Florida. También señaló que “los agricultores estaban muy enojados” ante la pérdida de mano de obra ya que muchos indocumentados se fueron de Florida atemorizados por las consecuencias de esta ley.
“Se han comenzado a mudar a Georgia y a otros estados, por lo que es urgente que hablen con su gente para convencerlos de que tienen recursos”, comentó Roth, que también es agricultor, confirmando lo que muchos de los activistas pro-inmigrantes habían advertido en las últimas semanas que se estaba produciendo un éxodo de migrantes hacia otros puntos del país.
Según el Instituto de Políticas Migratorias se estima que unos 455.000 migrantes indocumentados están trabajando en Florida. De esos, el 24 % trabaja en la construcción, el 17 % en tareas administrativas o del hogar, el 15 % en el área de servicios de comida, el 9 % en tiendas y el 8 % en otros servicios.
Muchos de los migrantes se han dado cuenta de que la cuestión migratoria continúa siendo esencial en la agenda política y que puede ser un tema que tenga lugar en las próximas elecciones presidenciales de 2024. El gobernador Ron DeSantis, ahora aspirante presidencial, ha firmado una serie de leyes además de la ley de migración irregular, como la limitación de la ley del aborto, la prohibición de hablar sobre identidad de género y sexualidad en las escuelas o la del libre porte de armas ocultas.
“Todavía hay miedo, pero creo que organizados y unidos podemos hacer frente a este tipo de cosas”, explicó Virginia al respecto.
Por su parte, la activista Claudia Navarro, que ejerce de codirectora ejecutiva de WeCount, celebró que la ley se modificó en el Congreso estatal ya que, entre otras cosas, castigaba penalmente a alguien que conviviera en el mismo hogar con un indocumentado.
“Hubo bastantes cambios que aguaron la ley, pero de todas maneras sigue teniendo un gran impacto en la comunidad”, apuntó Navarro argumentando que el gobierno de Florida no tiene competencias en cuestiones migratorias ya que eso atañe exclusivamente al gobierno federal.
“Tampoco tiene tanto control con los departamentos de policías locales, que ya avisaron que no iban a realizar redadas para interceptar a indocumentados. Eso fue parte de la mala información que se divulgó antes de que entrara en vigor la ley”, sostuvo.
El gobierno de Florida no ha dado datos sobre si ha habido arrestos o sanciones a raíz de la puesta en marcha de esta ley. Tampoco se sabe cuanta gente podría haber abandonado el estado atemorizada por la implantación de la polémica legislación.
Demandas por la ley
El mismo día que la ley entraba en vigor, varios grupos que luchan por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos anunciaron que ya se está trabajando para interponer una demanda para bloquear esta legislación.
En una nota de prensa remitida a la VOA se alega que “la ley discriminatoria contra los inmigrantes representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”.
La demanda, impulsada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, Americans for Immigrant Justice, American Immigration Council y Southern Poverty Law Center, “se presentará contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes que se enfoca en la justicia social, política, económica, laboral, de salud y ambiental con y para los trabajadores agrícolas, alegando que la ley no solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes”.
El gobernador defiende la medida
El gobernador de Florida, por su parte, se defiende de las críticas y asegura que esta medida sirve para dar respuesta a “los efectos negativos de la política fronteriza” del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras el fin del Título 42 y la reposición del Título 8, que obliga a las autoridades a seguir las normas sobre los procesos de solicitud de asilo, una medida que quedó suspendida como medida de protección por la pandemia.
“En Florida, reconocemos esto desde el día uno y hemos actuado realmente desde que (Joe Biden) asumió el cargo para combatir los efectos negativos de su política fronteriza”, dijo recientemente tras firmar la ley SB 1718 y defender que “nadie tiene derecho a emigrar a este país, ningún extranjero”.
Toque de atención de la Casa Blanca
Funcionarios del gobierno de Joe Biden han criticado las políticas y puntos de vista sobre inmigración provenientes del gobernador DeSantis y otros. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en intercambio con reporteros en enero, dijo que DeSantis “no está tratando de solucionar el problema, realmente está creando un problema”.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas, ha defendido en Miami los logros del programa de parole humanitario para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos, que es objeto de una demanda presentada por una veintena de estados, entre ellos la Florida.
“Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada. Así las personas no tienen que arriesgar sus vidas en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos”, dijo Mayorkas en una conferencia de prensa en enero desde el Pequeño Haití, un barrio de Miami con una alta población de nacionales de ese país.
