El periodista Gerald Chávez tenía planes para poner fin a su exilio de más de año y medio en Costa Rica, donde se refugió tras las protestas contra el gobierno de 2018 en Nicaragua.
El nuevo coronavirus y las medidas restrictivas en el país de acogida complicó su situación económica, dificultando por ejemplo su capacidad para los servicios básicos de alojamiento. Chávez informa desde el país vecino sobre los últimos acontecimientos relacionados al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Desde hace dos semanas, este reportero se trasladó hasta la frontera entre Costa Rica y Nicaragua para poder informar sobre la crisis humanitaria existente en esa zona debido a restricciones impuestas por Managua para los ciudadanos que buscan regresar a la nación.
Allí pudo constatar que aproximadamente 200 nicaragüenses se refugiaban en la línea fronteriza bajo la lluvia y el sol, esperando que las autoridades permitieran la entrada a su país, mientras Ortega exigía pruebas negativas de COVID-19 como requisito para ello.
Chávez se unió a la periodista Lucía Pineda Ubau y juntos expusieron la crisis que se vivía en el lugar. De forma simultánea, sujetos desconocidos llegaron a la vivienda del reportero, en El Rosario, Carazo, y entregaron a su familia una carta y una memoria USB que contenía un video que simulaba su decapitación.
La carta también contenía amenazas de muerte y le advertían que si regresaba a Nicaragua lo iban a asesinar. “Ya te tenés ganado tu lugar en el cementerio de El Rosario. Regresa y te aseguramos que no vas a dilatar vivo”, decía parte de la misiva.
Por esa razón, el reportero decidió posponer sus planes de regresar a Nicaragua y señaló que la situación no ha cambiado mucho en el país desde que lo abandonó.
“Yo tenía previsto regresar a Nicaragua en el mes de agosto. Lamentablemente, la amenaza que ha recibido mi familia imposibilita que yo pueda tener un retorno cercano en este momento”, relató Chávez a la Voz de América.
El periodista afirma que al gobierno de Ortega le incomodó el trabajo que hizo en la frontera, desde donde informó en todas sus plataformas digitales lo que sucedía.
“Fue una amenaza de muerte por mi trabajo periodístico que estoy haciendo desde Costa Rica y creo que al gobierno de Nicaragua le incomodó la cobertura periodística que desarrollé en la frontera. Sin embargo, esto no es una amenaza contra Gerald Chávez, sino contra todos los periodistas”, agregó.
Chávez dice que si Nicaragua se encontrara en otras condiciones no hubiese dudado en cruzar la frontera con la poca ropa que andaba.
Ataques contra periodistas continúan
Organización de periodistas de Nicaragua reporta más de 350 agresiones contra la libertad de prensa durante la cobertura de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Desde amenazas de decapitación, hasta demandas judiciales, forman parte de las presiones que enfrentan los reporteros.
“Lo que el gobierno pretende es callar a la prensa independiente, que no digan realmente lo que está pasando porque son principalmente quienes han hecho eco de la denuncia ciudadana”, dijo a la VOA Patricia Orozco, representante de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
Orozco afirma que hay más reporteros que han sido intimidados por informar e infundados por el temor han preferido el anonimato.
Por su parte, Chávez dice que siente temor de que su familia en Nicaragua pueda sufrir algún tipo de represalia por su trabajo periodístico, pero insiste en que seguirá ejerciendo su labor.
“Responsabilizo al alcalde porque ellos ejecutan las órdenes de los altos mandos; yo había recibido anteriormente una amenaza del jefe de la policía de Carazo”, rememora el reportero.
Por esta razón el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) exigió a las autoridades nicaragüenses que deben investigar “pronta y exhaustivamente las amenazas enviadas al periodista Gerall Chávez y a su familia, y garantizar su seguridad”.
El subsecretario de la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, también condenó los “esfuerzos del régimen de Ortega para intimidar a los medios independientes” y los periodistas.
“Condenamos los últimos esfuerzos del régimen Ortega para intimidar a los medios independientes nicaragüenses en León y en otros lugares. Los valientes periodistas de Nicaragua han demostrado que continuarán contando las feas verdades que el régimen desea ocultar desesperadamente”, escribió Kozak en su cuenta de Twitter.
Funcionarios oficiales continúan negando acusaciones
Pero funcionarios públicos, como el diputado oficialista Luis Barbosa, desestiman las denuncias de la prensa independiente.
Según Barbosa, los medios de comunicación independientes están desinformando a la población y “creando muertos y creando zozobra”.
Pero pese a la negación del gobierno, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y organizaciones internacionales han denunciado que en Nicaragua se viola sistemáticamente la libertad de prensa y no se garantiza el retorno seguro de los reporteros.
