[Corrige titular, sumario y lead para incluir al ciudadano hondureño Eldin Ariel Trejo entre los arrestados]
Un ciudadano hondureño y otro mexicano, arrestados por supuestamente conducir sin documentos estadounidenses válidos y transportar a otras personas, también indocumentadas, son los primeros detenidos en virtud de la polémica ley SB 1718 de la Florida, considerada la más restrictiva de Estados Unidos en cuanto a inmigración.
Según registros de la Patrulla de Autopistas de la Florida, el migrante hondureño identificado como Eldin Ariel Trejo, de 37 años, fue detenido el 8 de agosto en el condado norteño de Hernando, tras cruzar los límites estatales desde Georgia a la Florida en una furgoneta.
En el vehículo que conducía Trejo viajaban otros cinco pasajeros originarios de Nicaragua, Guatemala y México, que tampoco poseían documentación válida para demostrar su estancia legal en el país. "La Patrulla Fronteriza de EEUU determinó que los seis ocupantes, incluido el chofer, entraron ilegalmente a Estados Unidos", refiere el reporte.
El segundo migrante, identificado como el mexicano Raquel López Aguilar, de 41 años de edad, fue detenido el 21 de agosto también en el condado de Hernando. La Patrulla de Autopistas lo interceptó tras cruzar desde Georgia mientras se encontraba al volante de una camioneta blanca.
López Aguilar no contaba con documentos que probaran su estancia legal en territorio estadounidense y luego, al realizarse un registro del automóvil, los agentes de tráfico descubrieron a otras cuatro personas indocumentadas entre los pasajeros.
"La supuesta causa de la detención es que llevaba el vehículo vidrios polarizados más allá de lo que la ley permite. Tal vez no era el color del vidrio sino el color de piel lo que motivó al policía a detenerlo", denunció en la red social X el cónsul general de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, quien informó que las autoridades del país correrán con los gastos legales del arrestado.
De acuerdo con la nueva ley, los arrestados se exponen a ser condenados con hasta 15 años de cárcel. Tampoco se descarta su deportación.
A López Aguilar, natural de Copainalá, en Chiapas, se le fijó un monto de 10.000 dólares como fianza para salir en libertad en espera de la audiencia ante un juez.
Una ley "ilegal y autoritaria"
Este es el primer arresto conocido bajo la legislación SB 1718, que entró en vigor el 1 de julio pasado en el estado sureño, conocido por ser el destino de cientos de miles de migrantes que viajan desde Latinoamérica y otras regiones en busca de un sueño americano que cada vez se aleja más.
Impulsada por el gobernador y aspirante a la nominación presidencial republicana en 2024, Ron DeSantis, la legislación ha sido ampliamente criticado dentro y fuera del estado por ser una de las más duras en cuanto a migración al regular el movimiento, la condiciones de empleo e incluso la atención sanitaria de las personas en situación irregular en ese territorio.
“Raquel López, que nos dice que no venía conduciendo, es arrestado y acusado de cinco cargos por contrabando, por cruzar de Georgia a Florida a personas sin papeles", comentó Sabines Guerrero.
El cónsul adelantó que "el 21 de septiembre será la próxima audiencia de Raquel para conocer los cargos que el fiscal del estado tratará de imputar a una persona inocente ante una ley a todas luces ilegal y autoritaria".
"Estamos seguros de que en menos de un mes Raquel saldrá libre”, insistió.
Críticas de organizaciones pro-inmigrantes
Bajo la ley SB 1718, las empresas con más de 25 empleados se verán obligadas a usar el sistema E-Verify para verificar el estatus legal de los nuevos trabajadores que contraten bajo riesgo de ser multadas.
La ley también obliga a los hospitales a reportar trimestralmente al gobierno de Florida los pacientes indocumentados que atienden, una disposición que, según DeSantis, tiene como objetivo llevar registros de los gastos públicos estatales destinados a inmigrantes irregulares.
Además invalida las tarjetas de identificación y las licencias de conducción emitidas en otros estados. Esto se hace para evitar que los migrantes utilicen carnés de conductor de territorios que sí conceden estos medios a personas sin estatus legal definido en EEUU.
De acuerdo con la legislación, se penaliza el transporte de pasajeros indocumentados en un vehículo, sea cual sea la razón. Este es el cargo que enfrenta Raquel López Aguilar, por el que se piden hasta 15 años de cárcel.
Desde antes de su aprobación en mayo por DeSantis, la ley SB 1718 ha sido criticada por organizaciones a favor de las libertades civiles. Estos grupos la denuncian como un intento de criminalizar a la población inmigrante.
“Yo fui indocumentado por 15 años de mi vida y sé exactamente lo que es el miedo de no saber lo que va a pasar al momento de que entras en tu carro y te vas para el trabajo, o a la escuela, o a recoger a un niño, y lo entiendo bien y este miedo que muchos viven, millones de personas en nuestras comunidades y también hay que saber que tenemos derechos civiles”, indicó a la VOA el director del Centro Comunitario Hope, Felipe Sousa.
Una coalición liderada por el capítulo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en la Florida, Americans for Immigrant Justice, American Immigration Council y Southern Poverty Law Center, anunciaron una demanda contra "el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes que se enfoca en la justicia social, política, económica, laboral, de salud y ambiental con y para los trabajadores agrícolas".
La denuncia alega que "la ley no solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes”.
Por su parte, DeSantis defendió su posición. “Debemos fortalecer aún más nuestras leyes contra la inmigración ilegal mejorando la verificación de empleo, aumentando las penas por el tráfico de personas y desincentivando aún más la migración ilegal al estado de Florida”, declaró DeSantis, quien subrayó que “Florida no es un estado santuario”.
“Es un juego político entre los mismos políticos y nos agarran a nosotros de campana. Y eso no se vale, porque estamos viviendo con un gran estrés, con mucho miedo y no es justo de que él esté causando este pánico entre nuestra comunidad”, señaló por su parte Antonia Catalán, activista de ¡Soy poderosa!, grupo que ayuda a las mujeres migrantes a luchar por sus derechos.
Un sueño que se aleja
Las consecuencias de la nueva legislación ya se han comenzado a sentir entre la comunidad inmigrante en la Florida, otrora el paraíso de quienes salían de sus países obligados por la violencia y las difíciles condiciones económicas.
“Ojalá que Ron DeSantis se arrepienta, que abra sus ojos, su mente y su cerebro para que nos ayude porque nosotros sí que pagamos impuestos y hacemos la diferencia”, dijo a la VOA la guatemalteca Lucía Quié durante una manifestación en contra de la ley SB 1718 en la ciudad de Homestead.
Quié, con más de 20 años trabajando en la agricultura y dos hijas a su cargo, confesó estar "atemorizada" por las nuevas condiciones y pidió al gobernador de la Florida revocar la ley, pues según ella, “sin el turismo, la construcción y la agricultura, Florida no existiría”.
Muchos trabajadores en los campos como Rogelio Elías recibieron en julio cartas de despido de sus contratadores. “Me dijeron que era por los papeles, que el dueño de la compañía tenía miedo a perder su licencia si lo llegaban a descubrir que tenía gente ilegal trabajando”, explicó Elías a la VOA.
Grupos en defensa de los migrantes han dado la señal de alarma sobre un éxodo de personas desde el estado de la Florida hacia otros territorios vecinos.
“Eso es terrible, la gente está muy preocupada e incluso están moviéndose del estado porque esta ley es cruel”, afirmó la activista de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, Yanet Galvis.
Las consecuencias de la ley son evidentes en Homestead, una localidad que servía como una suerte de paraíso para los migrantes. En uno de los mercados de pulgas más concurridos del sur de la Florida el tráfico de clientes, en su gran mayoría latinoamericanos, ha disminuido sensiblemente desde julio.
“Ha bajado demasiado, como un 70 u 80 % de la actividad, aproximadamente. ¿La razón? Es que muchos se han ido”, explicó la vendedora Sandra Aguilar a la VOA.
A pesar de que no hay cifras oficiales de quienes habrían abandonado el estado o de los afectados en los más de dos meses de aplicada la legislación, llevar casi dos meses lleva casi dos meses en vigor, la situación es visiblemente difícil para las comunidades migrantes indocumentadas.
“La verdad es que este país, si no fuera por los inmigrantes, no existiría, porque este país está hecho de inmigrantes”, lamentó Griselda Sauceda, una salvadoreña que vende ropa en un puesto del "pulguero" de Homestead, mientras asegura que la razón por la que la inmensa mayoría de los migrantes vienen a EEUU es para buscar el sueño de una vida mejor.
[Con la colaboración de Antoni Belchi y José Pernalete, corresponsales de la VOA en Miami]
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