A la medianoche del viernes 12 de mayo, la frontera sur de Estados Unidos, al igual que todo el país, dio por terminada oficialmente la emergencia sanitaria de tres años promulgada durante lo peor de la pandemia de COVID-19.
Al Título 42, una disposición sanitaria impuesta en 2020 y que permitía la expulsión de los solicitantes de asilo hacia México, lo sustituyó el Título 8, una ley de larga data a la que ahora se le ha incluido una nueva regla que endurece las condiciones para permitir la entrada de migrantes irregulares, mientras amplía las vías legales para entrar a EEUU.
Las nuevas medidas buscan paliar la crisis migratoria provocada por una marcado incremento en las llegadas a la frontera sur, cifras que alcanzaron récords en el 2022 y pusieron en aprietos a las comunidades ubicadas en la franja limítrofe estadounidense, que llegaron a recibir hasta 10.000 migrantes por día en semanas recientes.
El anuncio del plan de la administración del presidente Joe Biden para manejar la frontera tras el fin del Título 42 provocó reacciones negativas de ambos lados del polarizado espectro político estadounidense.
Por una parte, un grupo de republicanos conservadores exige una aproximación más dura al problema y por otro, los demócratas critican al líder de su partido por lo que definen como un ataque a los derechos de los migrantes.
Biden y otros miembros de su gabinete insisten en que este plan asegura "vías legales y seguras" para una migración "humana" hacia EEUU para proteger tanto a las fronteras del país como a los migrantes.
¿Qué es el Título 8?
El Título 8 del Código de Estados Unidos es una parte esencial del entramado legal que regula las políticas y procedimientos para la entrada, permanencia y naturalización de los no ciudadanos en el país.
Promulgado en 1952, este apartado del Código estadounidense es conocido también como "Aliens and Nationality" (Extranjeros y Nacionalidad) e incluye el Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1965 (INA, por sus siglas en inglés), que estableció las bases para el actual sistema de inmigración.
Esta nueva regulación eliminó el sistema de cuotas basadas en nacionalidades y lo cambió por uno enfocado mayormente en la reunificación familiar y las habilidades profesionales, además de definir áreas como el estatus de los refugiados y solicitantes de asilo.
El Título 8 también regula el control fronterizo, la detención de inmigrantes indocumentados y la deportación de quienes no cumplen con los requisitos para permanecer en el país.
Como es usual en el sistema legal de EEUU, las leyes están sujetas a la interpretación y en el caso del Título 8, su aplicación depende de un entramado de agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
¿Qué cambia a partir de este 12 de mayo?
Tras el fin de la emergencia sanitaria nacional declarada durante la pandemia de COVID-19, la frontera retorna a las condiciones pautadas en el Título 8.
A diferencia del Título 42, que estipulaba la expulsión de no ciudadanos en aras de la protección de la salud pública, por lo que miles solicitantes de asilo tenían que completar sus procesos en un tercer país, en este caso, el cercano México.
El Título 8, aunque comprende procesos de remoción expedita para migrantes irregulares, generalmente concede más tiempo para la presentación de los casos de asilo.
Sin embargo, ante el número creciente de personas cruzando Centro América y Sur América con la esperanza de llegar a EEUU, el gobierno de Joe Biden estableció consecuencias más duras para quienes lo intenten por las vías ilegales.
La nueva norma establece “circunstancias limitadas” bajo las que se aceptará una petición de asilo, que incluye a las personas que “han utilizado nuestras vías legales”, anunció esta semana el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas.
Es decir, solo se aceptará en la frontera a quienes hayan programado una cita con las autoridades de inmigración a través de la aplicación CBP One, y los que “hayan solicitado asilo, o protección en otro país, por el que han transitado y les fue denegado”.
Esta última regla limita a la gran mayoría de los migrantes, pues establece que fuera de los aspirantes de asilo originarios de México, que limita con EEUU, el resto tendrá primero que pedir asilo en un tercer país en ruta a territorio estadounidense y recibir una negativa, antes de continuar camino.
Quienes no cumplan estos requisitos serán expulsados y podrían enfrentarse a un proceso penal si lo intentan una vez más.
Al contrario de como pasaba con el Título 42, que no establecía prohibiciones de reentrada, quienes sean deportados bajo el Título 8 tendrán prohibido ingresar a EEUU durante al menos los próximos cinco años.
Mayorkas, adelantó también que las familias migrantes que no sean elegibles para el asilo serán deportadas dentro de los 30 días desde el inicio de los procedimientos de remoción.
El DHS informó por otra parte, que había desarrollado un programa de monitoreo electrónico para que los jefes de estas familias pudieran esperar la decisión sobre su caso sin estar detenidos.
Nuevas vías "legales y seguras"
A inicios de año, la administración de Joe Biden anunció que el programa de parole humanitario que ya aplicaba a venezolanos, también se extendería ahora a nacionales de Cuba, Nicaragua y Haití, el grupo que más presencia tenía en las cifras de llegadas.
El sistema incluye, como uno de sus principales beneficios, el poder aplicar desde cada uno de esos países. La peligrosa travesía a través de Centroamérica y especialmente la selva del Darién, ha probado ser mortal para miles de personas que se aventuran en busca del "sueño americano".
La administración Biden también anunció el establecimiento de centros de procesamiento para solicitantes de parole humanitario y de reunificación familiar en Colombia y Guatemala.
"Estamos lanzando nuevos y ampliados procesos de parole de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras en nuestro uso cada vez mayor de la aplicación móvil CBP One para que las personas programen citas en nuestros puertos de entrada", destacó Alejandro Mayorkas.
Para tratar de contener a los traficantes de personas o coyotes que hacen "falsas promesas" a los migrantes y se aprovechan de su situación, el gobierno de EEUU lanzó una campaña de información junto a Guatemala y El Salvador, además liderar una campaña “sin precedentes” en la que han arrestado a casi 10.000 contrabandistas.
“Somos una nación de inmigrantes pero también somos una nación de leyes", insistió Mayorkas, de origen cubano.
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