Una salvadoreña que trata de conseguir asilo en Estados Unidos pasa sus días encerrada en la atestada casa de una prima en México, demasiado asustada tras ser agredida salvajemente hace tres semanas por pandilleros cuando regresaba a la vivienda luego de ir a una tienda.
La agresión se produjo después de que había pasado cuatro meses cautiva de una banda que la obligó a prostituirse durante su recorrido por México.
La mujer es una de 55.000 migrantes que fueron devueltos a México por el gobierno de Donald Trump para que esperen que los tribunales de inmigración, que no dan abasto, consideren sus solicitudes. Su situación refleja algunos de los problemas asociados con ese programa.
Los detractores del programa dicen que le niega a los solicitantes de asilo un trato justo y humano, obligándolos a esperar en un país con regiones abrumadas por la violencia del narcotráfico, como se hizo evidente esta semana con el asesinato cerca de la frontera con Estados Unidos de seis menores y tres mujeres adultas, todos ciudadanos estadounidenses que vivían en México.
El gobierno de Trump insiste en que el programa es una alternativa segura, coordinada con el gobierno mexicano, a pesar de que el mandatario promete librar una guerra con los carteles de las drogas tienen una importante presencia en las ciudades de la frontera donde los migrantes son obligados a esperar. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo en un informe la semana pasada que la iniciativa es “una herramienta indispensable para afrontar la crisis en la frontera sur y restaurar la integridad del sistema de inmigración”.
Mientras tomaba nota la semana pasada de la situación de una inmigrante salvadoreña, la jueza de inmigración Lee O’Connor no pudo ocultar su desdén por el programa.
Decidió que la mujer no satisfacía los requisitos del programa porque, según ella, pueden solicitar asilo las personas que se entreguen a las autoridades inmigratorias en la frontera, no las que, como la centroamericana, ingresaron al país ilegalmente.
Pero de todos modos la envió de vuelta a México para que espere allí una citación para una nueva vista judicial el 16 de diciembre, a pesar de que su caso fue desestimado.
El Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras desistió de comentar el caso de la mujer.
En la vista de la semana pasada se escuchó el llanto de un niño poco antes de que el juez, luciendo su bata negra, se sentase en su silla. “¡Silencio en la sala!”, ordenó el juez, quien dijo que el niño “gritaba con toda su fuerza”. Un guardia escoltó al niño y su madre, que salieron de la sala.
El juez interrogó a los dos abogados que representaban a personas que pedían asilo acerca de cuánto se tardaron en ver a sus clientes en México, haciendo notar que toma mucho tiempo cruzar la frontera. “Horas”, se maravilló, casi hablando consigo mismo.
La mujer hondureña regresó a la sala cuando su hijo se calmó, pero el juez volvió a amonestarla. “Señora, eso no es un juguete”, le dijo cuando el niño golpeó el equipo de sonido en su mesa. “No deje que su hijo destruya nuestro equipo”.
El juez fue más duro todavía con el abogado del gobierno, pero desestimó el caso de la familia porque había cruzado la frontera ilegalmente. Llegó a la misma conclusión al atender los casos de la mujer salvadoreña y de otros.
Su malestar con la representante del gobierno hizo que la charla se tornase tensa, al punto de que le dijo que había jurado hacer respetar las leyes, “no asentir cuando son violadas en forma flagrante”.
