Beto O’Rourke contemplaría darle la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes que se cree están en el país sin permiso si satisfacen ciertos requisitos en caso de ser elegido presidente.
El aspirante a la nominación demócrata anunció el miércoles unas propuestas sobre inmigración que incluyen asimismo el envío de miles de abogados de inmigración a la frontera con México para que se hagan cargo de las solicitudes de asilo y una partida de 5.000 millones de dólares para restaurar el imperio de la ley en América Central.
El exlegislador texano es el segundo aspirante de relieve a la nominación demócrata, que ofrece un proyecto abarcador para el tema de la inmigración ilegal, a pesar de que los miles de personas que cruzan la frontera ilegalmente y el discurso político desde hace meses acaparan titulares.
La inmigración asoma como uno de los temas dominantes de las elecciones presidenciales de 2020 y relega a un segundo plano asuntos importantes como el cambio climático y las propuestas de un seguro médico único. El presidente Donald Trump insiste en reforzar la vigilancia de la frontera y en construir un muro, convencido de que son dos propuestas que le van a rendir grandes dividendos.
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El único otro aspirante a la nominación demócrata que tiene propuestas abarcadoras sobre la inmigración es Julián Castro, quien plantea la despenalización de los cruces ilegales de la frontera.
Las propuestas de O’Rourke no van tan lejos, pero estaría dispuesto a emitir decretos disponiendo que solo las personas con antecedentes delictivos sean detenidas por cruzar la frontera sin permiso. También pondría fin a la política de separar familias en la frontera, sacaría a los tribunales de inmigración de la jurisdicción del Departamento de Justicia, acabaría con lo que describe como “operadores de prisiones privadas con fines de lucro” y enviaría 2.000 abogados a la frontera para ayudar a procesar los pedidos de asilo de gente que a menudo le escapa a la violencia del narcotráfico o de las pandillas de América Central.
O’Rourke dijo que trabajaría con el Congreso para legalizar a los 11 millones de personas que se estima están en el país sin papeles en los primeros 100 días de su presidencia y aceleraría el procesamiento de los “dreamers”, como se llama a los jóvenes sin permiso de residencia que fueron traídos al país ilegalmente de niños.
También postula invertir 5.000 millones de dólares para combatir la violencia y la pobreza en Guatemala, El Salvador y Honduras, los tres países de donde viene el grueso de las personas que ingresan al país sin permiso o solicitan asilo.
El plan “deja atrás una generación de inacción para finalmente reformular nuestras leyes de inmigración según nuestra imagen, reflejando nuestros valores, la realidad de la frontera, lo más conveniente para nuestras comunidades y la vieja tradición de un país formado por familias de todo el mundo”, expresó O’Rourke en un comunicado.
O’Rourke, quien habla español, sirvió tres términos en el Congreso representando a El Paso, ciudad sobre el río Bravo, del otro lado de Ciudad Juárez. En sus presentaciones de campaña le recuerda a la gente que más de una cuarta parte de los residentes de su distrito son inmigrantes y afirma que El Paso y Ciudad Juárez son parte de la “comunidad binacional” más grande del mundo. Le gusta decir que El Paso es una de las ciudades más seguras del país per cápita, “no por los muros sino a pesar de los muros” en la frontera.
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La propuesta de O’Rourke incluye formas de prevenir las muertes de migrantes, creando una dependencia independiente que esté pendiente de los cruces y mejorando la capacitación del personal del gobierno federal y su relación con las comunidades de la frontera. O’Rourke acusó al gobierno de Trump de “fijar políticas crueles y cínicas que buscan sembrar un caos y confusión innecesarios en nuestras fronteras”.
“Inventan crisis en nuestras comunidades. Y tratan de que nos peleemos entre nosotros”, dice el comunicado. “Cuando lo hacen en nuestro nombre, con el dinero de nuestros impuestos y a nuestros vecinos, no solo socavamos nuestras leyes, perjudicamos nuestra economía y debilitamos nuestra seguridad... también corremos el riesgo de perder el camino”.
Por su parte, el presidente Trump sostiene que sus propuestas, incluida la construcción del muro- buscan garantizar la seguridad del país.