La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó esta semana la última de tres leyes que según opositores y la comunidad internacional se convertirán en instrumentos represivos contra los ciudadanos, las organizaciones civiles y los medios de comunicación que critican al presidente Daniel Ortega.
Desoyendo las advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea, el gobierno dio luz verde en menos de dos meses a la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y una Reforma a la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua por crímenes de odio.
Oscar Rene Vargas, analista político y cofundador del Frente Sandinista, dijo a la Voz de América que el objetivo del gobierno es tener herramientas de negociación con la comunidad internacional.
“El objetivo de Ortega es poner esas leyes para negociar. Ortega está elevando la parada para negociar en mejor posición y ceder menos en lo que debiera de ceder, ceder menos en la transparencia electoral. Él va a ceder en los puntos formales de la ley electoral, pero no en los puntos centrales para hacer unas elecciones transparentes”, señaló Vargas.
Recientemente, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos dio al gobierno de Nicaragua un “ultimátum” con una resolución para que en seis meses antes de las elecciones de noviembre de 2021 garantice en el país un escenario político con libertades, observado y con competencia real.
Para Vargas, si esta es la última oportunidad que se le ha dado Ortega, si es de verdad un ultimátum, los próximos serán meses de negociaciones por encima y por debajo de la mesa.
“Para las de ambos tipos parecen alistarse ya los negociadores, que apenas han enseñado algunas de sus cartas”, opina.
En tanto, miembros del clero en Nicaragua lamentaron que en el país se califican como delitos las libertades más básicas y fundamentales de los nicaragüenses por medio de leyes represivas o con acciones que impiden el derecho a la libre expresión y movilización.
Mientras, crece la preocupación en los organismos de derechos humanos sobre la aplicación que tendrán estas leyes, y Denis Darce, integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, expresó que “se podría sospechar que son una herramienta más, desde el punto de vista legal, en la dirección de reprimir a los opositores o reprimir la disidencia”.
“No sería la primera vez que en un país se aplica a una persona la cadena perpetua nada más por defender derechos humanos”, agregó.
Estas leyes fueron aprobadas alrededor de un año antes de las elecciones programadas para el 7 de noviembre de 2021, que serán clave para saber si Ortega abandona el poder que tiene desde 2007 o le suma cinco años más.
El anuncio de la promoción de estas leyes provocó inmediata preocupación en el gobierno de Estados Unidos y en el Parlamento Europeo, que expresaron temores de que el propósito que tienen es exterminar a la oposición.
Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental alertó sobre estas leyes , clasificándolas de “una peligrosa afrenta a la democracia en Nicaragua”.
El 25 de septiembre, 21 eurodiputados escribieron a Ortega: “Esperamos que recapacite”, “exhortándolo” a no aprobar la ley, sin embargo, el proceso de aprobación continuaba veloz.
Al día siguiente de la reunión del Parlamento Europeo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reaccionó aplicando tres nuevas sanciones a dos funcionarios del gobierno, con lo que suman ya 24 en la lista de sancionados, y otra institución financiera.
